El encargado especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos, declaró que las autoridades españolas han de considerar el derecho a una vivienda, como un derecho humano básico (5/junio/2007). Este derecho está basado en la Constitución Española:

El derecho a una vivienda digna está reconocido en el Art. 47 de la Constitución Española, la cual también incluye consideraciones acerca de la protección de "la función social del derecho a la propiedad privada" (Art. 33) y "el derecho a disfrutar de un entorno que favorezca el desarrollo de las personas" (Art. 45). Es más, el Art. 10 de la Constitución Española, señala que "todas las consideraciones relativas a los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, deben supeditarse a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el resto de tratados y acuerdos en la materia, ratificados por España".

El Parlamento Europeo (21 de Junio de 2007) y la convención internacional para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, han condenado asimismo de forma enérgica, el abuso que el Gobierno Español ejerce sobre sus ciudadanos y residentes en lo referente a su derecho fundamental a disfrutar de la protección de su propiedad a sí como de un entorno sostenible. Los abusos citados, se refieren a recalificación de terrenos y destrucción de propiedades por las autoridades municipales sin derecho a compensación, abusos de los derechos individuales a la propiedad privada,pactos urbanisticos secretos, y usos no sostenibles de los recursos. Las denuncias fueron llevadas a cabo por residentes de Madrid y Valencia, pero las resoluciones de la UE y la ONU son aplicables a todo el territorio español.

La directiva del parlamento europeo y del consejo para la eficiencia energética (5 de Abril del 2006), detalla la urgente necesidad de un desarrollo energético eficiente y sostenible. España tiene los niveles de emisión de CO2 más elevados de la Unión Europea. Sólo Turquía se encuentra en un puesto peor en la lista global del Protocolo de Kyoto. En la cumbre de ONU del 27 de Septiembre de 2007, el Presidente de l Gobierno Español, Don Jose Luis Rodríguez Zapatero expresó: "Estamos haciendo lo posible por reducir nuestras emisiones y alcanzar nuestros objetivos. Durante muchos años España no hizo nada, pero ahora vamos a hacerlo todo."

Sin embargo, los esfuerzos de los habitantes para cumplir las directivas comunitarias, se pueden ver obstaculizados por las autoridades municipales, que pueden no tener ni el interés, ni la formación necesaria en las tecnologías de construcción que conlleven una eficiencia energética. Las agendas de estas autoridades pueden estar más orientadas a satisfacer intereses personales o de partido , que obras de interés general. Y debido a las peculiaridades de las ordenanzas locales, los funcionarios, entrenados en el arte del formalismo legal, bien pueden encontrar una interpretación adecuada a sus intereses de entre toda la maraña de cláusulas y ordenanzas urbanísticas trasnochadas. Por supuesto, el resultado de todo esto es el poder: Un cuello de botella que sólo el funcionario en cuestión puede desatascar. Previo pago obviamente.

El entramado político de un consistorio municipal, puede contribuir a agravar el problema. Si un partido no recibe suficiente apoyo en las elecciones para gobernar, deberá pactar apoyos con otro partido, que sin duda, exigirá contraprestaciones, a menudo en forma de control sobre determinadas carteras. Si el partido político en minoría, demanda el control de las carteras de urbanismo y medio ambiente, controlará las decisiones en esas areas tan importantes, incluso si el partido en mayoría, está en desacueerdo con las decisiones que se tomen. De oponerse, la coalición peligraría.

El conjunto, a menudo contradictorio de regulaciones urbanísticas, deriva de diferentes épocas y culturas políticas. Algunas vienen de la cultura política de 1956 e incluso antes, y otras de la Constitución de 1978. Otras, han visto la luz en las últimas dos décadas. Por ejemplo, la intención original de las regulaciones en Asturias, era la de grantizar, los recursos alimenticios básicos, la producción de los cuales se basaba en la agricultura y ganadería tradicionales. No obstante, a medida que la economía local cambiaba, esas regulaciones, pasaron a servir a otros intereses, como las grandes explotaciones ganaderas, empresas de construcción y suministradores de materias primas (los cuales ejercían su poder en contra de cualquier tecnología que ellos no produjeran), operadores de turismo (que fruto de conexiones políticas, obtenían concesiones que habían sido denegadas a otros) y grandes consorcios de la construcción, con verdadero poder político.

En Asturias, los propietarios de grandes explotaciones ganaderas, reciben cuantiosos subsidios comunitarios y al tiempo, están exentos de ciertas restricciones urbanísticas de forma que pueden construir o remodelar casas en tierras rústicas, mientras que alguien con una diferente vocación (y por tanto, no registrado como ganadero), sería incapaz de obtener un permiso para la misma parcela. Lo que es más; dicha persona, no podría registrarse como ganadero aunque quisiera, mientras que numerosos ganaderos que ya hace tiempo que han abandonado su producción e incluso viven en las ciudades, mantienen sin embargo su derecho a reformar o construir casas en la medida que surjan posibilidades de inversión.

Construcción Ecológica y
Políticas Locales

A pesar de que las interpretaciones de regulaciones y permisos por parte de los gobiernos municipales, a menudo se envuelven en un lenguaje de matiz medioambiental, dicho lenguaje puede llevar a equívocos, ya que lo que se entiende por "protección medioambiental" ha cambiado notablemente en los últimos tiempos, y las autoridades locales, podrían no ser conscientes de las consecuencias de dicho cambio.
La “protección medioambiental”, ha sido frecuentemente interpretada como protección sectorial dejando de lado, conceptos de tanta actualidad social y mediática como son sostenibilidad, emisiones de CO2, biodiversidad y eficiencia energética. De esta forma, los ganaderos, podían controlar el paisaje rural, los constructores esperaban controlar la edificación, y los políticos y sirvientes civiles de cada municipio esperaban controlar la parcelación para favorecer el interés de las empresas locales. Este enfoque fue conocido como planificación espacial. Esto es, que hay diferentes áreas para diferentes sectores

Escala y visión al nivel del municipio rural

El concepto de "Escala", en terminología de planificación territorial, se refiere al rango de influencia económica y geográfica que tiene una intervención estratégica o al alcance económico de un proyecto de urbanización. No obstante, "escala " puede referirse a algo bien diferente. Los proyectos de los propietarios locales, tienen a menudo mayor importancia que los planes más generales, ya que afectan directamente a su bienestar y a sus derechos. Los proyectos de los propietarios particulares, son y deberían permanecer como proyectos de las personas locales, con interés en otorgar comfort y aprovechamiento eficiente de la energía a unas casas insanas, húmedas y mal aisladas. La mayoría de la gente está interesada por las nuevas tecnologías sostenibles, que les ahorren dinero y protejan su tierra.

Un buen punto de partida para planificar una reforma, es el de permitir a los propietarios, el restaurar, ampliar o construir sus propios proyectos, usando materiales aislantes energéticamente eficientes, así como tecnologías de acumulación solar, tal y como queda reflejado en las directivas europeas. Desde un punto de vista más general, este enfoque ahorrará energía, aumentará el bienestar social local y creará oportunidades económicas para empresas relacionadas con el desarrollo sostenible.

El bienestar por si mismo, no puede ser valorado en términos económicos, pero el ahorro energético derivado de utilizar métodos y materiales de construcción adecuados, de emplazar correctamente los edificios, de utilizar tecnologías de acumulación solar, sin mencionar la reducción de emisiones nocivas de gases contaminantes, puede llegar a suponer hasta un 50%. Lo que es más, como efecto multiplicador del beneficio, la demanda de construcción de nuevas casas ecológicas generará un interes creciente por la formación en dicho campo, generando nuevas y esperanzadoras oportunidades de empleo para los jóvenes locales.

Sin embargo, esta visión requiere un cambio de actitud por parte de profesionales, arquitectos, y autoridades, en lo que se refiere a qué es lo que constituye una casa, y quién debería controlar el proceso de construcción y diseño.

La experiencia de muchas personas, sugiere de cualquier modo, que la intrepretación por parte de los municipios de las regulaciones en materia de construcción es menos abierta y menos equitativa de lo que a muchos les gustaría. Tal es la naturaleza de la fragmentación política española a lo largo de la historia, que muchos funcionarios municipales con poder de decisión no estan dispuestos a ser cuestionados por una parte importante de la población, de modo que catalogan determinados proyectos como"estratégicos",en función de su beneficio económico a corto plazo, o del hecho de que otorgue una publicidad beneficiosa para intereses particulares o favores hacia asociados políticos o empresariales.

De cualquier modo, el uso de recursos de manera equitativa y sostenible, y de técnicas ecológicas de construcción, como recomiendan tanto la UE como los Organismos Gubernamentales de la Nación, pueden ser rechazadas como "no aplicables", a causa de que los encargados de tomar decisiones al respecto, poseen una visión desfasada de la problemática y arrastran habitualmente hábitos mecánicos de comportamiento. Lo que podría y debería resolverse dentro de la propia municipalidad, es a menudo desplazado por otros intereses. Este problema ha de formar parte del objeto de atención de ulteriores reformas urbanísticas.